La aceptación tributaria (acquiescenza) permite aceptar un acertamiento (aviso de liquidación) italiano sin impugnarlo, pagando los impuestos debidos con una reducción significativa de las sanciones. Es una de las vías más rápidas para cerrar una controversia incipiente con la administración tributaria italiana, pero solo resulta conveniente en determinadas situaciones concretas.
Qué es la aceptación tributaria y cuándo se aplica
Regulada por el art. 15 del D.Lgs. 218/1997, la aceptación consiste en renunciar a impugnar un aviso de liquidación y aceptar íntegramente su contenido, pagando las sumas debidas dentro del plazo previsto para el recurso. Se aplica al aviso de liquidación propiamente dicho, pero no a cualquier forma de controversia tributaria: si se desea negociar el contenido del acto en lugar de aceptarlo tal cual, la vía adecuada es el acertamiento con adhesión, no la aceptación.
El plazo de 60 días
El pago debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la notificación del aviso, el mismo plazo previsto para presentar recurso. Si el contribuyente ha solicitado mientras tanto un acertamiento con adhesión, este plazo se suspende durante 90 días, lo que da más tiempo para evaluar ambas opciones antes de tener que decidir definitivamente.
La reducción de las sanciones
En caso de aceptación dentro de los 60 días, las sanciones administrativas se reducen a un tercio del mínimo previsto por la ley. El art. 15 apartado 2-bis prevé una reducción aún mayor, hasta un sexto, cuando la aceptación se refiere a un aviso que no estuvo precedido de un acta de constatación de la que el contribuyente hubiera podido valerse para una adhesión anticipada.
Aceptación, acertamiento con adhesión y autotutela: las diferencias
Estos tres instrumentos responden a necesidades distintas. La aceptación conviene cuando se considera el aviso sustancialmente correcto y solo se quiere reducir las sanciones cuanto antes. El acertamiento con adhesión conviene cuando se quiere negociar el importe antes de pagar. La autotutela conviene cuando el acto contiene un error manifiesto que la administración debería reconocer por sí misma. Si la controversia ya ha llegado ante el juez, la rateización y el recurso tributario siguen siendo las vías a evaluar.
Fuente: brocardi.it, art. 15 D.Lgs. 218/1997.
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