Crédito fiscal por investigación y desarrollo en Italia: cómo defenderse en 2026

Muchas empresas que utilizaron el crédito fiscal por investigación y desarrollo (credito ricerca e sviluppo) entre 2015 y 2019 están recibiendo inspecciones, actas y actos de recuperación. En la mayoría de los casos, la Agencia Tributaria italiana no cuestiona que los costes se hayan soportado, sino que las actividades sean realmente «investigación y desarrollo».

2026 ha cambiado el panorama: el Consejo de Estado (Consiglio di Stato) ha excluido que los criterios del Manual de Frascati puedan aplicarse con carácter retroactivo, y el Tribunal Supremo italiano (Corte di Cassazione) ha reducido el ámbito del crédito «inexistente». En esta guía vemos qué significa en la práctica y cómo plantear la defensa.

En resumen

  • Las objeciones al crédito fiscal por investigación y desarrollo se refieren sobre todo a la naturaleza de las actividades, a los costes admisibles y a la documentación.
  • El Consejo de Estado, en la sentencia n.º 5627 de 14 de julio de 2026, estableció que para los años anteriores a 2020 no se aplican los cinco criterios del Manual de Frascati, sino el artículo 3 del Decreto-ley 145/2013 y el decreto ministerial de 27 de mayo de 2015.
  • Según la directriz del Ministerio de Economía de 2025, la falta de cualidades técnicas hace que el crédito sea improcedente: plazo de 5 años, sanción del 25 % para las infracciones desde el 1 de septiembre de 2024 y audiencia previa obligatoria.
  • La certificación del artículo 23 del Decreto-ley 73/2022 vincula a la Administración en cuanto a la calificación de las actividades.
  • El reintegro voluntario está cerrado: la última ventana venció el 3 de junio de 2025.

Por qué se cuestiona el crédito fiscal por investigación

De 2015 a 2019, el crédito fiscal por investigación y desarrollo estaba regulado por el artículo 3 del Decreto-ley 145/2013 y por el decreto ministerial de 27 de mayo de 2015: un crédito incremental, calculado sobre el exceso de gasto respecto a la media del trienio 2012-2014. Desde 2020, la Ley 160/2019 y el decreto ministerial de 26 de mayo de 2020 introdujeron una nueva regulación, que remite expresamente al Manual de Frascati de la OCDE.

Muchos controles del crédito fiscal por investigación relativos a los años 2015-2019 han aplicado retroactivamente los criterios del nuevo régimen, cuestionando por ejemplo el desarrollo de software, la mejora de productos existentes o las actividades encargadas a consultores externos. A menudo el control empieza con un acta de la Guardia di Finanza y termina con un acto de recuperación.

Qué decidió el Consejo de Estado en 2026

Con la sentencia n.º 5627 de 14 de julio de 2026, el Consejo de Estado confirmó la resolución del Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lazio) n.º 15039/2025, que había anulado una denegación de certificación del Ministerio de Empresas para los años 2017-2019. El principio es claro: los cinco requisitos del Manual de Frascati de 2015, a los que dan valor la Ley 160/2019 y el decreto ministerial de 26 de mayo de 2020, rigen para el futuro y no pueden utilizarse como parámetro para los años anteriores.

La sentencia no reconoce automáticamente el crédito fiscal por investigación y desarrollo ni vincula al juez tributario, pero tiene un fuerte valor persuasivo. Siguen siendo necesarias la prueba de la realidad de las actividades, de su carácter no ordinario, de la admisibilidad de los costes y la documentación.

Las reglas aplicables año por año

AñosRegulaciónQué cuenta en la defensa
2015-2019Artículo 3 del Decreto-ley 145/2013 y decreto ministerial de 27 de mayo de 2015Las categorías de actividades previstas entonces; según el Consejo de Estado, no se aplica el test de los cinco criterios de Frascati
Desde 2020Artículo 1, apartados 198-209, de la Ley 160/2019 y decreto ministerial de 26 de mayo de 2020Criterios de Frascati recogidos por la norma; informe técnico y certificación de los gastos
Todos los añosArtículo 23 del Decreto-ley 73/2022 (certificación)Una certificación expedida por un sujeto inscrito en el registro vincula a la Administración en cuanto a la calificación de las actividades

Crédito improcedente o inexistente

En el crédito fiscal por investigación y desarrollo esta distinción es decisiva. La directriz (atto di indirizzo) del Ministerio de Economía y Finanzas de 1 de julio de 2025 indica que, si existen los requisitos subjetivos y objetivos, la falta de cualidades técnicas exigidas por las fuentes de detalle hace que el crédito sea improcedente (non spettante). El Tribunal Supremo, con el auto n.º 13508 de 9 de mayo de 2026, reiteró que el plazo largo de ocho años solo se aplica a los créditos realmente inexistentes, es decir, carentes del presupuesto constitutivo.

La consecuencia práctica es relevante: si un crédito utilizado en 2019 es improcedente, el acto de recuperación debía notificarse antes del 31 de diciembre de 2024. Muchos actos dictados más tarde, motivados como «crédito inexistente», deben revisarse precisamente en este punto. Las reglas generales sobre plazos y sanciones están en la guía sobre la recuperación de créditos fiscales.

La certificación de las actividades

El artículo 23 del Decreto-ley 73/2022 y el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros (DPCM) de 15 de septiembre de 2023 introdujeron la certificación de las actividades de investigación y desarrollo, innovación y diseño, expedida por sujetos inscritos en el registro gestionado por el Ministerio de Empresas. La certificación es voluntaria, pero vincula a la Administración en cuanto a la calificación técnica de las actividades, salvo que los hechos se hayan presentado de forma incorrecta.

La certificación no acredita la existencia ni el importe del crédito fiscal por investigación y desarrollo: se refiere solo a la naturaleza de las actividades. Por regla general no puede obtenerse cuando la infracción ya se ha constatado en un acta o en un acto. Para los años 2015-2019, el certificador debe aplicar la regulación vigente entonces, como aclaró el Consejo de Estado.

Cómo defender el crédito fiscal por investigación

Ante un acto de recuperación del crédito fiscal por investigación y desarrollo trabajamos en este orden:

  1. plazos: comprobar si el crédito se cuestiona como inexistente o improcedente y si el acto se notificó a tiempo;
  2. audiencia previa: en las objeciones de fondo, la Administración debía enviar la propuesta de acto (schema di atto); si falta, el acto es anulable;
  3. ajustes: separar los basados solo en los criterios de Frascati de los autónomos, como la realidad de las actividades, la vinculación con la actividad y la razonabilidad de los costes;
  4. pruebas: informes técnicos, documentos de proyecto, horas del personal, contratos con los encargados de la investigación, facturas y certificación contable de los gastos;
  5. carga de la prueba: desde la reforma de 2022, la Administración debe probar en juicio los hechos en que basa su pretensión (artículo 7, apartado 5-bis, del Decreto Legislativo 546/1992);
  6. sanciones: la incertidumbre sobre las reglas aplicables puede excluirlas o reducirlas.

En juicio puede ser útil pedir una prueba pericial judicial (consulenza tecnica d’ufficio), formulando la pregunta sobre las categorías de actividades vigentes en los años controvertidos y no sobre el test de Frascati. Antes del recurso se puede valorar el acuerdo con Hacienda, que suspende los plazos durante 90 días.

El reintegro voluntario

El procedimiento de reintegro voluntario (riversamento spontaneo) del artículo 5 del Decreto-ley 146/2021 permitía devolver el crédito sin sanciones ni intereses. Tras varias prórrogas, la última ventana se cerró el 3 de junio de 2025. Para quien eligió el pago en tres plazos queda el último vencimiento, el 16 de diciembre de 2026. Hoy, para los actos ya notificados, las vías son las ordinarias: acuerdo, reducción de las sanciones o recurso.

Preguntas frecuentes

¿La sentencia del Consejo de Estado anula los actos de recuperación del crédito fiscal por investigación y desarrollo?

No, no automáticamente. Vale como precedente autorizado sobre los criterios aplicables a los años 2015-2019, pero cada acto debe recurrirse y las actividades deben probarse igualmente.

¿El crédito fiscal por investigación cuestionado es inexistente o improcedente?

Por regla general, si las actividades y los costes existen y se cuestiona su calificación técnica, el crédito es improcedente. Esto supone un plazo de 5 años para el acto de recuperación y sanciones más bajas.

¿Todavía puedo pedir la certificación?

Por regla general no, si la infracción ya se ha constatado en un acta o en un acto. En cambio, es útil para los ejercicios todavía no controlados.

¿Necesito un perito técnico para defenderme?

A menudo sí. La defensa combina aspectos fiscales y técnicos: trabajamos con expertos del sector para reconstruir las actividades de investigación y desarrollo realizadas.

¿Sigue existiendo el crédito fiscal por investigación y desarrollo?

Sí. La regulación de la Ley 160/2019 se ha prorrogado con porcentajes distintos; para las inversiones futuras conviene valorar la certificación desde el principio.

Fuentes

  • Artículo 3, Decreto-ley 145 de 23 de diciembre de 2013 y decreto ministerial de 27 de mayo de 2015
  • Artículo 1, apartados 198-209, Ley 160 de 27 de diciembre de 2019 y decreto ministerial de 26 de mayo de 2020
  • Artículo 23, Decreto-ley 73 de 21 de junio de 2022 y DPCM de 15 de septiembre de 2023 (certificación)
  • Artículo 5, apartados 7-12, Decreto-ley 146 de 21 de octubre de 2021 (reintegro voluntario)
  • Consejo de Estado (Consiglio di Stato), sección VI, sentencia n.º 5627 de 14 de julio de 2026; TAR Lazio, sentencia n.º 15039/2025
  • Corte di Cassazione, auto n.º 13508 de 9 de mayo de 2026; Secciones Unidas, sentencia n.º 34419/2023
  • Directriz del Viceministro de Economía de 1 de julio de 2025
  • Textos normativos consolidados (en italiano): Normattiva; documentación oficial y modelos: Agenzia delle Entrate

En el crédito fiscal por investigación y desarrollo, el resultado depende a menudo de fechas y calificaciones: un crédito improcedente notificado fuera de plazo ya no puede recuperarse. Conviene que un profesional lea el acto antes de decidir si pagar.

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