Propuesta de liquidación distinta del acto definitivo: cuándo se anula el acto (CGT Milán 2613/2026)

Desde 2024, toda liquidación tributaria italiana va precedida de una propuesta de liquidación (el schema di atto): la Agenzia delle Entrate comunica por adelantado qué pretende regularizar, el contribuyente dispone de al menos 60 días para responder y el acto definitivo llega después.

Pero ¿qué ocurre cuando el acto definitivo regulariza algo distinto de lo que figuraba en la propuesta de liquidación? El Tribunal de justicia tributaria de primera instancia de Milán, con la sentencia n.º 2613/2026, ha respondido que el trámite de audiencia debe ser informado y efectivo: si la oficina cambia radicalmente la calificación de los hechos después de las alegaciones, sin reabrir el debate, el acto es anulable. Esta guía explica el caso, el razonamiento y cómo comparar la propuesta de liquidación y el acto cuando llegan.

En resumen

  • Una empresa constructora había recibido una propuesta de liquidación de IVA e IRAP 2019 y 2020 que cuestionaba costes por operaciones objetivamente inexistentes y el IVA en inversión del sujeto pasivo sobre las subcontratas; respondió documentando que los proveedores existían y que las obras se habían ejecutado y pagado.
  • El acto definitivo admitió que las obras eran reales, pero recalificó las subcontratas como cesión ilegal de trabajadores, con nuevas consecuencias en IVA e IRAP. No se abrió ningún nuevo trámite de audiencia sobre el punto.
  • El Tribunal apreció una “calificación radicalmente distinta de los hechos”: cuestionar la inexistencia y cuestionar la cesión de trabajadores exigen defensas y pruebas diferentes. La audiencia del art. 6-bis del Estatuto del contribuyente no había sido informada ni efectiva, y el acto fue anulado en su parte de IVA.
  • No toda diferencia entre propuesta de liquidación y acto anula este último: lo que cuenta es si el cambio fue sustancial e impidió al contribuyente defenderse sobre los motivos reales. La empresa superó la prueba de resistencia indicando las defensas que habría planteado.
  • Regla práctica: comparar línea por línea propuesta de liquidación y acto en cuanto a hechos, calificación jurídica, normas, periodos e importes; si la regularización ha cambiado, el vicio debe alegarse en el recurso en el plazo de 60 días.

Qué es la propuesta de liquidación y para qué sirve

La propuesta de liquidación es la comunicación con la que la oficina, antes de emitir una liquidación u otro acto recurrible, expone al contribuyente las regularizaciones que pretende practicar, las normas aplicadas y los importes. Está prevista en el art. 6-bis del Estatuto de los derechos del contribuyente (Ley 212/2000), introducido por el Decreto Legislativo 219/2023, en vigor desde el 18 de enero de 2024 y retocado por el Decreto Legislativo 192/2025, y se aplica a todos los tributos, incluidos los locales.

Desde la comunicación corre un plazo no inferior a 60 días en el que el contribuyente puede presentar alegaciones y documentos o pedir acceso al expediente; el acto definitivo no puede adoptarse antes del vencimiento y debe dar cuenta de las alegaciones recibidas.

La finalidad es sencilla: evitar actos equivocados, haciendo aflorar antes de la liquidación las aclaraciones que de otro modo llegarían solo en el pleito. Para que funcione, el contribuyente debe saber con precisión de qué se le acusa. Este es el punto en el que interviene la sentencia de Milán: una propuesta de liquidación que cuestiona una cosa, seguida de un acto que cuestiona otra, no es un trámite de audiencia sino una formalidad. Sobre las fases del control y las facultades de la oficina antes de la propuesta, de las investigaciones bancarias a las entradas y registros, véase la guía sobre la inspección fiscal en Italia.

El caso: de las operaciones inexistentes a la cesión de trabajadores

La contribuyente es una sociedad constructora que recurre a subcontratistas. Para los años 2019 y 2020, la Agencia le comunicó una propuesta de liquidación a efectos de IVA e IRAP con una regularización precisa: las facturas de los subcontratistas se referían a operaciones objetivamente inexistentes, por lo que los costes eran no deducibles y el IVA liquidado por inversión del sujeto pasivo no era deducible; la documentación sobre los proveedores se consideraba insuficiente. La sociedad respondió en plazo aportando contratos, documentos de obra, pruebas de la existencia y de la organización de los subcontratistas, de la ejecución de los trabajos y de los pagos.

El acto de liquidación definitivo tomó nota de esas pruebas: a efectos del impuesto sobre la renta, las obras se reconocieron como efectivamente ejecutadas. Pero la oficina cambió de camino: los contratos de subcontrata fueron recalificados como cesión ilegal de trabajadores encubierta bajo un contrato de obra, y de esta nueva calificación extrajo las consecuencias en IVA e IRAP. Sobre esta nueva regularización no se abrió ningún trámite de audiencia: el contribuyente la leyó por primera vez en el acto definitivo.

Qué decidió el Tribunal de justicia tributaria de Milán

El Tribunal, con la sentencia n.º 2613/2026 depositada en junio de 2026, estimó el recurso en cuanto al componente de IVA de la liquidación, apreciando la vulneración de la audiencia en el procedimiento. El razonamiento se articula en tres pasos.

Una calificación radicalmente distinta

Cuestionar que una operación no existe y cuestionar que un contrato de obra genuino sea en realidad una cesión de trabajadores son acusaciones distintas, que exigen pruebas distintas. En el primer caso el contribuyente debe demostrar que las obras se hicieron y pagaron; en el segundo, que el subcontratista tenía organización propia, asumía el riesgo empresarial y dirigía a sus propios trabajadores. El Tribunal habla de “calificación radicalmente distinta de los hechos”: el cambio no afecta a un detalle sino a toda la línea de defensa.

La audiencia debe ser informada y efectiva

El art. 6-bis no se contenta con que se haya enviado una propuesta de liquidación: exige que el contribuyente esté en condiciones de defenderse sobre los motivos reales de la liquidación. Fundar el acto definitivo en un supuesto nunca sometido al contribuyente vulnera esta exigencia. El Tribunal invoca el auto de la Corte di Cassazione n.º 24881/2025, que prohíbe a la oficina modificar en el pleito los motivos del acto en perjuicio de la defensa, y aplica el mismo principio a la fase administrativa: lo que no puede hacerse ante el juez tampoco puede hacerse entre la propuesta de liquidación y el acto.

No toda diferencia anula el acto: la prueba de resistencia

El Tribunal cuida de no convertir el principio en un automatismo. Entre propuesta de liquidación y acto definitivo puede haber diferencias legítimas, por ejemplo una reducción de los importes tras las alegaciones, una corrección de cálculo, una regularización abandonada. El vicio surge cuando el cambio es sustancial y ha impedido al contribuyente responder sobre los motivos efectivos. En el caso concreto, la sociedad superó la prueba de resistencia indicando las defensas específicas que habría planteado si la cesión de trabajadores se le hubiera imputado en la propuesta de liquidación: autenticidad de los contratos, estructura organizativa de los proveedores, riesgo empresarial, relaciones con los trabajadores.

Por qué la sentencia interesa a quien recibe hoy una propuesta de liquidación

Es una resolución de primera instancia, sobre el fondo, y como tal no vincula a otros jueces; sobre este punto concreto la Corte di Cassazione aún no se ha pronunciado. Pero es una de las primeras aplicaciones concretas del art. 6-bis a un caso de “regularización móvil”, e indica un método válido para cualquiera: el perímetro de la defensa lo fija la propuesta de liquidación, y el acto definitivo debe permanecer dentro de ese perímetro o reabrir el debate. El fenómeno es frecuente: la oficina cuestiona la inexistencia de las operaciones, el contribuyente la desmonta con documentos, y el acto se repliega sobre una recalificación, sobre la antieconomicidad o sobre el abuso de derecho, que son regularizaciones nuevas.

La sentencia se suma a otro control preliminar que la Corte di Cassazione ha hecho decisivo en 2026: el acto no puede firmarse antes del vencimiento del plazo para alegaciones, y cuenta la fecha de la firma, no la de la notificación. Lo tratamos en la guía sobre la liquidación firmada antes de los 60 días del acta de inspección. Juntos, los dos controles cubren las dos patologías más comunes de la propuesta de liquidación: la prisa y el cambio de regularización.

Cómo comparar la propuesta de liquidación y el acto definitivo

Cuando llega el acto definitivo, antes de discutir las cifras conviene hacer una comparación sistemática con la propuesta de liquidación. Hacen falta una tabla de dos columnas y una hora de trabajo.

  1. Hechos regularizados. ¿Las operaciones, los proveedores, las relaciones, las cuentas y los periodos impositivos son los mismos? Un hecho nuevo, nunca mencionado en la propuesta de liquidación, es la primera señal.
  2. Calificación jurídica. ¿El acto usa las mismas categorías que la propuesta de liquidación (inexistencia objetiva, inexistencia subjetiva, cesión de trabajadores, antieconomicidad, abuso de derecho, sociedad con residencia fiscal ficticia en el extranjero) o introduce otras nuevas? El cambio de categoría es el núcleo de la sentencia milanesa.
  3. Normas aplicadas. ¿Los artículos invocados son los mismos? Una norma nueva implica por regla general una regularización nueva.
  4. Importes y método de cálculo. Una reducción tras las alegaciones es legítima; un aumento, o un método distinto de reconstrucción, debe explicarse en el acto y por regla general exige una nueva audiencia.
  5. Respuesta a las alegaciones. El acto debe dar cuenta de lo que el contribuyente alegó. Si las alegaciones fueron estimadas en el punto original y la oficina cambió la regularización para mantener el acto en pie, el motivo de recurso está listo.

La comparación debe ponerse por escrito y adjuntarse al recurso, junto con la propuesta de liquidación, las alegaciones con los acuses de envío y el acto con la diligencia de notificación. Y debe acompañarse de la prueba de resistencia: la lista de defensas, documentos y testigos que se habrían aportado si la nueva regularización se hubiera anticipado. Sin esa lista, el juez podría considerar el cambio irrelevante.

Qué hacer si la regularización ha cambiado

  • Alegar el vicio en el recurso tributario en el plazo de 60 días desde la notificación del acto, como motivo principal: vulneración del art. 6-bis por audiencia no informada ni efectiva, con petición de anulación del acto. En el fondo, subsidiariamente, impugnar la nueva calificación.
  • Pedir en paralelo la anulación de oficio (autotutela), adjuntando la comparación entre propuesta de liquidación y acto: no suspende los plazos, pero algunas oficinas prefieren reemitir un acto correcto antes que defender en juicio un acto nacido así.
  • Valorar un acuerdo con la administración tributaria solo con el vicio sobre la mesa: la solicitud suspende el plazo de recurso durante 90 días y, en la negociación, un vicio procedimental fundado pesa en la reducción de la deuda. Firmar el acuerdo, sin embargo, hace definitivo el acto y supone renunciar al vicio.
  • Si la recalificación afecta a umbrales penales, por ejemplo porque la cesión ilegal de trabajadores va acompañada de facturas por operaciones jurídicamente inexistentes, comprobar primero el cuadro de los delitos fiscales en Italia: la Sala penal de la Cassazione, con la sentencia 25588/2026, consideró que las facturas emitidas en un contrato de obra ficticio pueden integrar la declaración fraudulenta.
  • Tener presente que, si el acto se anula por el vicio de audiencia, la oficina puede reemitirlo con una propuesta de liquidación correcta, siempre que no haya prescrito su facultad: el tiempo que pasa es un factor de la estrategia.
FasePlazoReferencia
Comunicación de la propuesta de liquidaciónAntes del acto recurrible; obligatoria salvo actos automatizados y peligro para la recaudaciónart. 6-bis, aps. 1-2, L. 212/2000
Alegaciones y acceso al expedienteNo menos de 60 días desde la comunicaciónart. 6-bis, ap. 3, L. 212/2000
Adopción del acto definitivoTras el vencimiento del plazo; debe motivar sobre las alegacionesart. 6-bis, aps. 3-4; Cass. 23073/2026
Regularización cambiada en el actoAnulabilidad si la distinta calificación es sustancialCGT Milán 2613/2026; Cass. auto 24881/2025
Recurso contra el acto60 días desde la notificaciónart. 21 Decreto Legislativo 546/1992
Solicitud de acuerdoSuspende el plazo de recurso durante 90 díasart. 6 Decreto Legislativo 218/1997

Para la parte práctica hay dos guías: qué hacer con la propuesta de liquidación en la audiencia previa y las opciones tras la notificación de una liquidación tributaria.

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de liquidación

¿La propuesta de liquidación es obligatoria para todas las liquidaciones?

Desde el 18 de enero de 2024, sí, para todos los actos autónomamente recurribles de todos los tributos, salvo los actos automatizados o sustancialmente automatizados, las liquidaciones de control, las comprobaciones formales y los casos de peligro fundado para la recaudación, motivado en el acto. Un acto emitido sin propuesta de liquidación cuando era debida es anulable.

¿Puedo no responder a la propuesta de liquidación y defenderme después?

Se puede, pero es un error: las alegaciones fijan la base documental, obligan a la oficina a motivar y, si la oficina cambia la regularización, demuestran que la audiencia tenía un contenido real. Quien no responde se arriesga además a que le opongan que el vicio de audiencia no le causó perjuicio alguno.

¿El acto puede reducir los importes de la propuesta de liquidación?

Sí, y es el curso normal de la audiencia: si las alegaciones están fundadas, el acto reduce o abandona las regularizaciones. El problema surge cuando, abandonada la regularización original, la oficina introduce una nueva para mantener la deuda en pie.

¿Qué significa prueba de resistencia?

Es la demostración de que, si la audiencia se hubiera respetado, el contribuyente habría tenido algo concreto que decir: documentos, argumentos, testigos. Para el vicio del art. 6-bis muchos comentaristas la consideran innecesaria, pero la sentencia milanesa la comprobó de todos modos; conviene por tanto exponerla siempre en el recurso.

¿La sentencia de Milán vale también fuera de Lombardía?

No vincula a otros jueces, pero es una resolución motivada que aplica un principio ya afirmado por la Cassazione para la fase procesal (auto 24881/2025). Puede citarse en cualquier recurso; el resultado dependerá de la capacidad de demostrar que el cambio de regularización fue sustancial.

Si la oficina cambia la regularización durante la audiencia, ¿debe enviar una nueva propuesta de liquidación?

La norma no lo dice expresamente, pero la lógica de la sentencia es esta: si la nueva regularización exige defensas distintas, el contribuyente debe disponer de un nuevo plazo para responder. En su defecto, el acto queda expuesto a la anulación. Para el cuadro completo de los instrumentos tras el acto, de la negociación al pleito, véase la guía sobre el contencioso tributario en Italia.

Fuentes

La propuesta de liquidación sirve para que el contribuyente sepa de qué se le acusa, no para poner en marcha un reloj. Si el acto definitivo le acusa de otra cosa, no ha habido audiencia, y la sentencia de Milán dice que el acto puede caer. Para quien recibe una liquidación, lo primero no es contar el dinero, sino comparar los dos documentos.

¿Ha recibido una propuesta de liquidación, o un acto distinto de la propuesta?

Comparamos los dos actos y le decimos si la audiencia se ha respetado

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