Cuando una inspección fiscal italiana descubre impuestos defraudados por encima de los umbrales penales, al procedimiento tributario se suma el penal, y la primera medida que el fiscal pide al juez es el embargo preventivo (sequestro preventivo) con vistas al decomiso: cuentas, inmuebles y participaciones quedan bloqueados por un importe igual al impuesto defraudado. Muchos contribuyentes regularizan entonces su situación con Hacienda mediante un acuerdo (accertamento con adesione) y pagan lo debido, pero descubren que el embargo se mantiene, porque el juez penal razona sobre el importe reclamado inicialmente.
Con la sentencia n.º 27741/2025, el Tribunal Supremo italiano (Corte di Cassazione, Sala Tercera de lo Penal) aclaró que no es así: una vez pagado íntegramente lo acordado con la Agenzia delle Entrate, el beneficio del delito deja de existir y el embargo preventivo debe levantarse. Esta guía explica el caso, los principios, qué cambia con el aplazamiento tras la reforma de 2024 y los casos en que el pago no basta. Interesa también a las sociedades de capital extranjero y a sus administradores en Italia, frecuentes destinatarios de estas medidas.
En resumen
- En un procedimiento por declaración inexacta (artículo 4 del Decreto Legislativo 74/2000) relativo a los años 2014 a 2020, el Tribunal de Bari había acordado un embargo preventivo de los bienes del contribuyente. Este había regularizado después los años 2016 a 2020 mediante acuerdo, pagando unos 1,58 millones de euros.
- El Tribunal mantuvo aun así el bloqueo sobre más de 1,13 millones por los años regularizados y sobre unos 100.000 euros por 2014, al considerar que el juez penal no está vinculado por el acuerdo con Hacienda.
- La Cassazione (sentencia n.º 27741/2025) anuló sin reenvío el embargo por un total de 1,23 millones: el pago íntegro de la deuda acordada extingue el beneficio del delito, y mantener el bloqueo supondría una doble sanción. Para 2014 aplicó retroactivamente el umbral penal más favorable de 150.000 euros.
- Desde 2024, el artículo 12-bis del Decreto Legislativo 74/2000, modificado por el Decreto Legislativo 87/2024, prevé que el embargo no puede acordarse si la deuda se está pagando mediante un aplazamiento regular, salvo riesgo concreto de dispersión del patrimonio (Cass. pen. 21539/2026).
- El pago no basta, en cambio, para el delito de sustracción fraudulenta al pago de los impuestos (artículo 11): allí el beneficio es el valor de los bienes sustraídos a la garantía de Hacienda, no el impuesto (Cass. pen. 1643/2026).
Índice
Cómo funciona el embargo preventivo en los delitos fiscales en Italia
El artículo 12-bis del Decreto Legislativo 74/2000 establece que, en caso de condena o conformidad (patteggiamento) por un delito fiscal, se acuerda siempre el decomiso de los bienes que constituyen el beneficio o el precio del delito o, cuando no sea posible, el decomiso por equivalente de bienes del autor por un valor correspondiente. Para evitar que entretanto los bienes desaparezcan, el fiscal pide al juez de instrucción un embargo preventivo con vistas al decomiso (artículo 321 del Código de Procedimiento Penal), ya en la fase de investigación.
En los delitos declarativos, como la declaración fraudulenta o inexacta, el beneficio coincide con el ahorro fiscal, es decir, con el impuesto defraudado. El embargo directo recae sobre el dinero de la sociedad que se benefició del fraude; el embargo por equivalente, si el patrimonio de la sociedad es insuficiente, recae sobre los bienes personales del administrador o del contribuyente persona física. El importe se basa normalmente en el acta de inspección de la Guardia di Finanza o de la Agenzia delle Entrate, construida a menudo también sobre investigaciones bancarias, y por tanto en los importes más altos reclamados en la inspección.
El punto crítico es la relación con el procedimiento tributario. Según el principio de la «doble vía» (artículo 20 del Decreto Legislativo 74/2000), ambos procedimientos son autónomos: el juez penal determina el delito con sus propias reglas, sin quedar vinculado por lo decidido o acordado en vía tributaria. Pero el decomiso, y por tanto el embargo preventivo, sirve para privar del beneficio: si el beneficio se devuelve a Hacienda, ¿qué queda por decomisar? Es la pregunta que responde la sentencia 27741/2025. Para una visión general de los delitos y los umbrales, véase nuestra guía sobre los delitos fiscales en Italia.
El caso: embargo preventivo por declaración inexacta y acuerdo con Hacienda
El 23 de febrero de 2022, el Tribunal de Bari acordó un embargo preventivo contra un contribuyente investigado por declaración inexacta, delito previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 74/2000, por los ejercicios 2014 a 2020. Entretanto, el contribuyente había regularizado con la Agenzia delle Entrate, mediante acuerdo, los años 2016 a 2020, pagando en total 1.576.440,76 euros entre impuestos, sanciones e intereses. Con base en ese pago solicitó el levantamiento del embargo.
Mediante auto de 27 de enero de 2025, el Tribunal rechazó la solicitud y mantuvo el bloqueo sobre 1.132.114,27 euros por los años 2016 a 2020 y sobre 100.242 euros por 2014. El razonamiento era el clásico de la doble vía: el juez penal no está vinculado por el acuerdo alcanzado con Hacienda y puede seguir considerando como beneficio el importe reclamado inicialmente, superior al acordado. El contribuyente recurrió en casación.
Qué decidió la Cassazione sobre el embargo preventivo en la sentencia 27741/2025
El Tribunal estimó los dos primeros motivos, por infracción de los artículos 12-bis y 20 del Decreto Legislativo 74/2000 y por la aplicación del umbral penal, y anuló sin reenvío el embargo por un total de 1.232.356,27 euros. El razonamiento se desarrolla en cuatro pasos.
El pago íntegro extingue el beneficio del delito
El beneficio de los delitos declarativos coincide con la deuda con Hacienda. Si la deuda se ha extinguido con el pago íntegro de lo acordado, incluidas sanciones e intereses, no queda enriquecimiento alguno que decomisar. El Tribunal recuerda un principio consolidado: el embargo preventivo de los bienes solo está justificado hasta que se recuperan las cantidades defraudadas (Cass. 46726/2012 y 6635/2014). Mantener el embargo preventivo después del pago supondría una doble sanción, ya que el Estado cobraría dos veces la misma cantidad.
La doble vía no sirve para cuantificar el beneficio decomisable
La doble vía sigue siendo válida para determinar si se cometió el delito: el juez penal puede considerar que el impuesto defraudado era superior al acordado y condenar si se superan los umbrales. Pero no se aplica de forma automática a la determinación del beneficio decomisable. El acuerdo con Hacienda es un acuerdo de derecho público que fija definitivamente la deuda tributaria (Cass. 16675/2022): una vez satisfecha esa deuda, el juez penal no puede pretender decomisar una diferencia que Hacienda ya no tiene derecho a reclamar.
El artículo 12-bis, apartado 2: un argumento más
El artículo 12-bis, apartado 2, establece que el decomiso no se aplica a la parte que el contribuyente se compromete a pagar a Hacienda, incluso existiendo embargo. El Tribunal extrae un argumento a fortiori: si el decomiso queda excluido ya con el simple compromiso de pago, con mayor razón lo está cuando el pago se ha realizado íntegramente. La misma conclusión había alcanzado Cass. 32282/2024, en un caso en que dos empresarios habían pagado lo acordado y el tribunal de revisión había mantenido un embargo de más de 3 millones.
El umbral más favorable para 2014
Para el año 2014, no regularizado mediante acuerdo, el Tribunal constató que el impuesto defraudado no superaba el umbral penal de 150.000 euros, aplicable retroactivamente como ley más favorable conforme al artículo 2 del Código Penal. Sin delito no puede haber embargo preventivo: también cayó el bloqueo de 100.242 euros.
Aplazamiento y embargo preventivo: qué cambia desde 2024
La sentencia 27741/2025 se refiere al pago íntegro. Muy a menudo, sin embargo, el acuerdo termina con un plan de pagos aplazados: ¿puede mantenerse en ese caso el embargo preventivo? Hasta 2024 la jurisprudencia era mayoritariamente estricta: el compromiso de pago suspende el decomiso, pero solo el pago efectivo elimina definitivamente la facultad de decomisar, y el embargo podía mantenerse por la parte aún no pagada (entre otras, Cass. 40793/2019, 32213/2018 y 10120/2010).
El Decreto Legislativo 87/2024, en el marco de la reforma de las sanciones tributarias, modificó el artículo 12-bis, apartado 2: el embargo con vistas al decomiso no puede acordarse si la deuda tributaria se está extinguiendo mediante aplazamiento, también tras procedimientos de conciliación o acuerdo, y el contribuyente está al corriente de los pagos, salvo riesgo concreto de dispersión de la garantía patrimonial. La Cassazione, con la sentencia n.º 21539 de 17 de marzo de 2026, aplicó la norma y anuló un embargo acordado pese a un aplazamiento cumplido con regularidad, precisando que el riesgo de dispersión debe deducirse de la situación de ingresos, patrimonial y financiera del contribuyente, y no afirmarse en abstracto.
La protección no es automática. La Guardia di Finanza recomienda comunicar cuanto antes a la Fiscalía el acuerdo y el plan de aplazamiento, para que el fiscal los tenga en cuenta antes de pedir el embargo preventivo. Y si no se pagan los plazos, el decomiso se acuerda siempre por la parte impagada.
Cuándo el pago no basta: la sustracción fraudulenta
El principio de la sentencia 27741/2025 vale para los delitos en los que el beneficio coincide con el impuesto defraudado o no ingresado. No vale para la sustracción fraudulenta al pago de los impuestos (artículo 11 del Decreto Legislativo 74/2000), es decir, para quien vende simuladamente sus bienes o realiza actos fraudulentos sobre ellos para frustrar la recaudación. La Cassazione, con la sentencia n.º 1643 de 15 de enero de 2026, aclaró que en este delito el beneficio no es la deuda tributaria sino el valor de los bienes sustraídos a la garantía de Hacienda.
De ello se derivan dos consecuencias. El embargo preventivo por sustracción fraudulenta y el del delito fiscal subyacente, por ejemplo la falta de ingreso de retenciones, son distintos y pueden coexistir, siempre que cada uno se refiera al beneficio de su propio delito y respete la proporcionalidad. Y el pago de la deuda o el recurso a instrumentos de regularización no levanta automáticamente el embargo por sustracción fraudulenta: según el Tribunal, otra solución tendría efectos cualquier cosa menos disuasorios.
Pago y responsabilidad penal: artículos 13 y 13-bis
El pago influye también en la pena, no solo en el embargo. El artículo 13 del Decreto Legislativo 74/2000 prevé la no punibilidad de los delitos de falta de ingreso (artículos 10-bis, 10-ter y 10-quater, apartado 1) si la deuda se paga antes de la apertura del juicio oral, y de los delitos declarativos (artículos 2, 3, 4 y 5) si el pago íntegro se realiza mediante regularización voluntaria (ravvedimento operoso) o declaración extemporánea antes de que el contribuyente haya tenido conocimiento formal de inspecciones o procedimientos.
Cuando la inspección ya ha comenzado, como en el caso resuelto, queda el artículo 13-bis: si las deudas se extinguen mediante pago íntegro antes de la apertura del juicio oral, también tras un acuerdo, las penas se reducen hasta la mitad y no se aplican las penas accesorias.
En resumen, quien llega a un acuerdo y paga obtiene tres efectos distintos: la reducción de las sanciones tributarias, el levantamiento del embargo preventivo y una atenuante relevante en el proceso penal. Pero la verdadera no punibilidad, para los delitos declarativos, exige que el pago se produzca antes del inicio de la inspección.
Qué hacer ante un embargo preventivo por delitos fiscales
- Coordinar de inmediato la defensa tributaria y la penal. La discusión del acta de inspección, el acuerdo y la estrategia penal deben decidirse juntos: el importe acordado con Hacienda se convierte en la base para pedir el levantamiento o la reducción del embargo.
- Valorar el acuerdo con Hacienda. Reduce las sanciones a un tercio del mínimo y fija la deuda de forma definitiva. Si el importe reclamado está inflado, el acuerdo puede reducir también el beneficio embargable; si el acto tiene vicios graves, debe compararse con un recurso tributario.
- Pagar íntegramente, si es posible, y pedir el levantamiento. Con el justificante del pago íntegro se presenta una solicitud de levantamiento ante el juez que acordó el embargo, citando la sentencia 27741/2025 y Cass. 32282/2024. Si se rechaza, se recurre ante el tribunal de revisión o en casación.
- Si se paga a plazos, comunicarlo a la Fiscalía. Presentar el plan de aplazamiento y los justificantes, invocando el artículo 12-bis, apartado 2, tal como se modificó en 2024, y Cass. 21539/2026, y documentar la solidez patrimonial para excluir el riesgo de dispersión.
- Comprobar los umbrales año por año. Los umbrales penales han cambiado con el tiempo: para los hechos anteriores a 2019 puede aplicarse el más favorable. Un año por debajo del umbral no puede ser objeto de embargo.
- Distinguir los delitos. Si también se imputa la sustracción fraudulenta, pagar la deuda no basta: hay que trabajar sobre el valor de los bienes sustraídos y la proporcionalidad del bloqueo.
| Situación | Efecto sobre el embargo preventivo | Referencia |
|---|---|---|
| Pago íntegro tras el acuerdo | Beneficio extinguido: el embargo debe levantarse | Cass. pen. 27741/2025; Cass. 32282/2024 |
| Importe penal superior al acordado | La doble vía no justifica embargar la diferencia | art. 20 Decreto Legislativo 74/2000; Cass. 27741/2025 |
| Compromiso de pago | El decomiso no se aplica a la parte comprometida | art. 12-bis.2 Decreto Legislativo 74/2000 |
| Aplazamiento regular en curso | Embargo excluido salvo riesgo concreto de dispersión | art. 12-bis.2 mod. Decreto Legislativo 87/2024; Cass. pen. 21539/2026 |
| Plazos impagados | Decomiso siempre acordado por la parte impagada | art. 12-bis.2 |
| Año por debajo del umbral penal | Sin delito, sin embargo | art. 2 Código Penal; umbrales del art. 4 Decreto Legislativo 74/2000 |
| Sustracción fraudulenta (art. 11) | El pago de la deuda no levanta el bloqueo | Cass. pen. 1643/2026 |
| Pago antes del juicio oral | Pena reducida hasta la mitad, sin penas accesorias | art. 13-bis Decreto Legislativo 74/2000 |
Preguntas frecuentes sobre el embargo preventivo y el acuerdo
Si pago lo acordado, ¿el embargo preventivo cae automáticamente?
No automáticamente: hay que presentar una solicitud de levantamiento ante el juez, adjuntando el acuerdo y los justificantes de pago. Pero según la Cassazione, una vez probado el pago íntegro, el juez debe levantar el bloqueo, porque el beneficio del delito ya no existe. El rechazo puede recurrirse.
¿Puede el juez penal considerar que el impuesto defraudado era superior al acordado?
Sí, a efectos de determinar el delito. La doble vía permite al juez penal valorar de forma autónoma el impuesto defraudado para decidir si existe delito. Pero no puede mantener el embargo preventivo sobre la diferencia entre el importe reclamado y el acordado y pagado, porque el decomiso sirve para recuperar el beneficio y no para sancionar dos veces.
¿Y si he pedido aplazar el importe del acuerdo?
Desde 2024 el embargo no puede acordarse si los plazos se pagan con regularidad, salvo riesgo concreto de dispersión del patrimonio, que debe demostrarse a partir de la situación económica del contribuyente. Si el embargo ya existe, un aplazamiento regular es un argumento para pedir su levantamiento o reducción. Si no se pagan los plazos, el decomiso vuelve a ser posible.
¿El embargo preventivo puede afectar a los bienes personales del administrador?
Sí, mediante el embargo por equivalente, pero solo si el patrimonio de la sociedad que se benefició del fraude es insuficiente. El pago de la deuda por la sociedad extingue el beneficio también a efectos del embargo por equivalente sobre los bienes del administrador. Es una cuestión frecuente para grupos extranjeros cuyas filiales italianas están dirigidas por administradores locales.
¿El acuerdo me evita el proceso penal?
No siempre. Para los delitos declarativos la no punibilidad exige que el pago se produzca antes de que el contribuyente tenga conocimiento formal de la inspección. Si la inspección ya ha comenzado, el pago íntegro antes de la apertura del juicio oral conlleva en todo caso una fuerte reducción de la pena y excluye las penas accesorias (artículo 13-bis), además del levantamiento del embargo preventivo.
¿Vale también para la falta de ingreso del IVA o de las retenciones?
Sí, el beneficio coincide con el impuesto no ingresado, por lo que el pago lo extingue. Para estos delitos, además, el pago íntegro antes de la apertura del juicio oral hace que el hecho no sea punible (artículo 13, apartado 1). El conjunto de herramientas de defensa, desde la audiencia previa hasta el proceso, está en nuestra guía sobre el contencioso tributario en Italia.
Fuentes
- Euroconference News, L’incidenza dell’accertamento con adesione sul sequestro preventivo (comentario a Cass. 27741/2025, en italiano)
- LexCED, Confisca reati tributari: stop se il debito è pagato (Cass. pen. 32282/2024, en italiano)
- Diritto Bancario, Inammissibile la misura cautelare in pendenza di rateizzazione con l’Erario (Cass. pen. 21539/2026, en italiano)
- Osservatorio Giustizia Tributaria, Confisca e sequestro nei reati tributari (Cass. pen. 1643/2026, en italiano)
- Decreto Legislativo n.º 74 de 10 de marzo de 2000, artículos 4, 11, 12-bis, 13, 13-bis y 20
- Decreto Legislativo n.º 87 de 14 de junio de 2024, reforma del sistema sancionador tributario
El embargo preventivo por delitos fiscales en Italia sirve para garantizar que Hacienda recupere lo defraudado, no para sancionar dos veces. La sentencia 27741/2025 lo dice con claridad: pagada íntegramente la deuda acordada, el bloqueo debe caer aunque el juez penal considere que el fraude era mayor. Desde 2024 la misma lógica protege a quien paga con regularidad a plazos. Para lograr estos efectos, sin embargo, la defensa tributaria y la penal deben actuar juntas desde el acta de inspección.
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